Los denunciantes pedirán la declaración de los franquistas vivos. La querella califica los crímenes de genocidio
Las víctimas de los crímenes del franquismo acudirán el próximo miércoles a los juzgados federales de Argentina (equivalentes a la Audiencia Nacional) a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco cometió en España entre 1936 y 1977. La denuncia apela a que la constitución argentina reconoce los principios de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos lesa humanidad.
"Si no nos dejan aquí, tendrá que ser un juez de fuera el que lo haga", advirtieron las asociaciones de víctimas cuando el caso abierto por Baltasar Garzón fue taponado en la Audiencia Nacional. Esa amenaza se hará realidad el próximo 14 de abril. Las asociaciones presentarán pruebas de las desapariciones forzosas que los generales golpistas llevaron a cabo desde el 18 de julio de 1936.
"El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes", explica Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España. Los denunciantes partirán del caso concreto de Severino Rivas, alcalde socialista fusiliado en 1936 en Lugo, para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio "político, social y cultural".
Ministros de Franco vivos
Slepoy confía en que el juez solicite por vía diplomática al Gobierno de España las pruebas de los crímenes. "Pediremos un listado con los ministros, altos cargos de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil que participaron en aquellos sucesos, que aún están vivos y que deben prestar declaración", asegura. El letrado prevé que la petición se extienda a otros países donde hay documentación que serviría para demostrar todos los delitos.
Si el proceso avanza hasta ese extremo, la justicia argentina podría llegar a citar, por ejemplo, a Manuel Fraga por su condición de ex ministro de una dictadura fascista. En ese caso se abrirán dos posibilidades: que el ex ministro de Información acuda a Buenos Aires a explicar su participación o que se niegue.
En caso de que Fraga desobedezca la petición del juez, el Gobierno argentino dictará una orden internacional de detención. Ese caso es el que llevó al banquillo al dictador Augusto Pinochet, gracias a la iniciativa en España del juez Baltasar Garzón. El dictador acabó enfrentándose a la justicia chilena por las desapariciones forzosas que muchos historiadores creen inspiradas en las que practicaron los franquistas tras el golpe de Estado.
El 14 de abril, aniversario de la llegada de la II República, acudirá a presentar la querella Darío Rivas, hijo del alcalde fusilado en Lugo que presentará las pruebas que determinan su caso familiar como el prototipo de una desaparición forzosa. Darío ya vivía en Argentina cuando su padre murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.
Las asociaciones de víctimas presentarán este caso concreto porque representa fielmente las características de los desaparecidos en España. Reprentante político, detenido ilegalmente, dejado a la custodia de Falange y que acaba bajo tierra fusilado sin juicio previo junto a la tapia de una iglesia.
Slepoy confía en esquivar las trabas judiciales que Garzón encontró en España. "Demostraremos que la jurisdicción universal no es un arma colonialista de países poderosos. En nuestro caso, un Estado como Argentina, ex colonia española, juzgará los crímenes de España como ese país ya hizo con las dictaduras del cono sur", razona.
Los denunciantes han convocado una concentración el miércoles en Buenos Aires para protestar también por el proceso abierto a Garzón.
Los demandantes pedirán al Gobierno español una relación de las fosas que el franquismo utilizó para hacer desaparecer a sus víctimas, un listado del número de desaparecidos y sus identificaciones, pruebas de las torturas infringidas por la policía franquista e incluso abordarán la investigación de los niños dados en adopción ilegalmente por el régimen desde las cárceles de mujeres o desde clínicas durante la dictadura.
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